Resumen diario jurídico-fiscal — 15 de septiembre de 2026. Doce noticias seleccionadas de la actualidad jurídica y fiscal española.
El Tribunal Constitucional avala la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda mientras el nuevo decreto de arrendamientos sigue bloqueado en sede parlamentaria. En el plano procesal, el Tribunal Supremo endurece el régimen de interrupción de la prescripción y fija en cinco años la responsabilidad de los patronos de fundaciones. En materia fiscal, la Agencia Tributaria amplía la deducción para residentes en La Palma al ejercicio 2026.
Inmobiliario y vivienda
El Tribunal Constitucional desestima el recurso del Gobierno Vasco contra la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda
El Derecho / El Economista / Iustel · 11/09/2026
El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco en febrero de 2024 contra siete artículos, una disposición transitoria, una adicional y dos finales de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta Inmaculada Montalbán Huertas, cuenta con el voto particular de cinco magistrados. El Tribunal considera que el artículo 3 contiene definiciones operativas para la propia ley, sin efecto de norma supletoria sobre las comunidades autónomas, y que el artículo 10.2 orienta la actuación de todas las administraciones competentes.
Implicación práctica: se consolida el bloque normativo estatal de vivienda frente a las impugnaciones competenciales. Conviene revisar la exposición de carteras inmobiliarias y SOCIMI a las figuras de gran tenedor, zona tensionada e índice de referencia, cuya base legal queda reforzada.
El nuevo decreto de vivienda sigue sin llegar al Consejo de Ministros: la LAU y la Ley 12/2023 continúan siendo el marco aplicable
Moncloa · 15/09/2026
El Gobierno mantiene en negociación el real decreto-ley de vivienda que preveía una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos que venzan hasta el 30 de junio de 2028, además de nuevas reglas para los arrendamientos de temporada y por habitaciones. El texto fue retirado del Consejo de Ministros del 28 de julio por falta de apoyos parlamentarios y su convalidación sigue condicionada a Junts y Podemos. Mientras tanto, el régimen aplicable es el de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley 12/2023, con duración mínima de cinco años (siete si el arrendador es persona jurídica) y limitación de renta en zonas de mercado residencial tensionado.
Implicación práctica: debe advertirse a arrendadores y arrendatarios de que el anterior Real Decreto-ley 8/2026 decayó tras 37 días y no está vigente: ni la prórroga extraordinaria ni el tope del 2 % resultan hoy aplicables. La actualización de renta depende de la fecha de firma del contrato (IPC o IRAV). Se estiman 630.000 contratos con vencimiento en 2026.
Jurisprudencia civil y procesal
El Tribunal Supremo niega efecto interruptivo de la prescripción a la demanda presentada ante un órgano territorialmente incompetente que no llega a admitirse a trámite
Iustel — Diario del Derecho · 14/09/2026
La Sala de lo Civil resuelve si la demanda presentada dentro del plazo de prescripción ante un órgano judicial territorialmente incompetente, que no llega a admitirse ni a notificarse a la parte demandada, interrumpe la prescripción conforme al artículo 1973 del Código Civil. El Tribunal concluye que no produce efecto interruptivo cuando la demanda no es admitida a trámite y los demandados no tienen oportunidad de conocer su contenido, aunque posteriormente se plantee nueva demanda ante el órgano competente una vez transcurrido el plazo.
Implicación práctica: impacto directo en la gestión de plazos en litigación civil y mercantil. Ante dudas de competencia territorial conviene reforzar la interrupción extrajudicial mediante burofax o requerimiento fehaciente, sin confiar el efecto interruptivo a la sola presentación de la demanda.
El Tribunal Supremo fija en cinco años el plazo para exigir responsabilidad a los patronos de una fundación
Noticias Jurídicas · 11/09/2026
La Sala de lo Civil, en sentencia de 21 de julio de 2026 difundida esta semana, declara que la acción para exigir responsabilidad a los miembros del Patronato de una fundación prescribe a los cinco años cuando la normativa aplicable no fija plazo específico, por aplicación del plazo general del artículo 1964.2 del Código Civil para las acciones personales. El Tribunal rechaza aplicar por analogía el plazo previsto para la acción de responsabilidad frente a los administradores de sociedades mercantiles, al no apreciar identidad de razón jurídica entre ambas figuras.
Implicación práctica: relevante para el asesoramiento a fundaciones y a sus patronos, y para el diseño de coberturas de responsabilidad civil de administradores y directivos. Amplía de forma sustancial la ventana de exposición respecto del plazo societario de cuatro años.
Jurisprudencia contencioso-administrativa
El Tribunal Supremo mantiene que quien presenta una queja o denuncia solo tiene derecho a que el órgano la reciba y practique las diligencias que estime pertinentes
Iustel — Diario del Derecho · 14/09/2026
La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima, por falta de legitimación activa, el recurso interpuesto contra el decreto de la Fiscal Inspectora Jefe que archivó una queja frente al Fiscal Provincial Jefe de Sevilla. El Tribunal reitera que el denunciante no ostenta un derecho subjetivo a que la denuncia se tramite con un contenido determinado, sino únicamente a que sea recibida y a que el órgano practique las diligencias de investigación que considere procedentes.
Implicación práctica: confirma los límites de la vía de la denuncia administrativa como instrumento de defensa. En situaciones de conflicto conviene articular el interés legítimo por cauces impugnatorios propios en lugar de confiar en la tramitación de denuncias.
El Tribunal Supremo suspende cautelarmente los efectos electorales del CERA para los nacionalizados por la «ley de nietos»
Noticias Jurídicas / Euronews · 14/09/2026
La Sección Cuarta de la Sala Tercera acordó el 10 de septiembre, como medida cautelar en el procedimiento 1015/2026, suspender la inscripción y los efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, salvo acreditación consular del exilio de sus ascendientes. El Tribunal razona que el incremento extraordinario y sostenido de altas podría generar incertidumbre sobre el resultado electoral. La Junta Electoral Central se reunió el 14 de septiembre para determinar el modo de ejecución del auto.
Implicación práctica: la medida no afecta a la nacionalidad ya adquirida, sino exclusivamente a sus efectos electorales. Genera un escenario de litigiosidad administrativa y constitucional relevante en materia de extranjería y derechos políticos.
Fiscal y tributario
La Agencia Tributaria amplía al período impositivo 2026 la deducción análoga a la de Ceuta y Melilla para los residentes en La Palma
Agencia Estatal de Administración Tributaria · 11/09/2026
La AEAT ha publicado la nota sobre las medidas complementarias urgentes de 2026 para la recuperación económica y social de la isla de La Palma. Se amplía al período impositivo 2026 la aplicación de una deducción análoga a la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla para los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Implicación práctica: debe incorporarse a la planificación del IRPF del ejercicio 2026 de los clientes con residencia efectiva en La Palma y verificarse el cumplimiento del requisito de residencia habitual y efectiva durante todo el período.
El Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, aprueba medidas urgentes de apoyo económico a empresas y autónomos de la ciudad de Ceuta
BOE / Agencia Estatal de Administración Tributaria · 02/09/2026
El BOE de 2 de septiembre publicó el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a la ciudad de Ceuta. La norma incorpora un paquete de medidas de apoyo a empresas y personas trabajadoras autónomas, complementado con medidas extraordinarias de sostenimiento del empleo, la formación y la contratación aprobadas el 1 de septiembre.
Implicación práctica: conviene revisar la elegibilidad de clientes con establecimiento o actividad en Ceuta y los plazos de solicitud de las ayudas y beneficios, así como su compatibilidad con otros regímenes de apoyo.
Mercantil y concursal
Casa Santiveri evita el concurso mediante la homologación judicial de su plan de reestructuración por el Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Barcelona
La Vanguardia / Adara Legal · 07/09/2026
El Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de Barcelona ha homologado el plan de reestructuración del pasivo financiero de Casa Santiveri, superior a 11 millones de euros. El auto describe una situación de insolvencia inminente y aprueba un plan que no contempla quita alguna sobre la deuda, sino exclusivamente esperas, fijadas en su mayoría en un horizonte de cinco años.
Implicación práctica: refuerza la utilidad de los planes de reestructuración del Libro II del Texto Refundido de la Ley Concursal como alternativa preconcursal en escenarios de insolvencia inminente, incluso sin quitas, mediante la mera reordenación de vencimientos.
Laboral y litigación
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzga el despido colectivo de más de 2.000 moderadores de contenido de Meta en Barcelona
Forbes España / Moncloa · 15/09/2026
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abre este martes la vista oral por el despido colectivo de más de 2.000 personas que prestaban servicios de moderación de contenidos para Meta desde la torre Glòries de Barcelona, cerrada el 2 de abril de 2025. La demanda, impulsada por el sindicato FIST, solicita la nulidad por vulneración del derecho de reunión, incumplimiento de las reglas del período de consultas y falta de buena fe negocial, alegando además que la producción se trasladó a Austria, Alemania y Eslovaquia. Las indemnizaciones en juego podrían superar los 90 millones de euros.
Implicación práctica: caso de referencia sobre externalización de servicios digitales, causa extintiva real en cierres de centro y traslado de producción intracomunitario. Es recomendable revisar los protocolos de período de consultas y la documentación económica en procesos de reestructuración de plantilla.
Tecnología y cumplimiento normativo
Claves de aplicación del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial tras el Reglamento (UE) 2026/1744 «Ómnibus digital sobre IA»
Legal Today / BOE — DOUE-L-2026-81147 · 14/09/2026
El Reglamento (UE) 2026/1744, de 8 de julio de 2026, en vigor desde el 27 de julio, modifica los Reglamentos (UE) 2024/1689, 2018/1139 y 2023/1230 para simplificar la aplicación de las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Aplaza las obligaciones sustantivas de los sistemas de alto riesgo del Anexo III al 2 de diciembre de 2027 y las del Anexo I al 2 de agosto de 2028, manteniendo el 2 de agosto de 2026 para las obligaciones de transparencia. En España, la supervisión corresponde a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña.
Implicación práctica: no existe moratoria general: las obligaciones de transparencia son exigibles. Procede revisar el inventario de sistemas de inteligencia artificial de los clientes, su clasificación de riesgo y el cumplimiento de la información a usuarios, aprovechando el aplazamiento para ordenar la documentación técnica.
Sector legal y organización judicial
El ICAM alerta del colapso de los juzgados de lo Social de Madrid, con señalamientos hasta 2030, y lanza la campaña «SOS SOCIAL»
Noticias Jurídicas / Legal Today / Diario Jurídico · 11/09/2026
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha puesto en marcha una campaña de acción institucional ante el colapso de la jurisdicción social en la Comunidad de Madrid, con vistas señaladas para 2029 e incluso 2030 y graves retrasos en la fase de ejecución. Los retrasos afectan a despidos, reclamaciones de cantidad, procedimientos de incapacidad permanente y prestaciones de la Seguridad Social. El ICAM propone una mesa conjunta entre el Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid, el CGPJ y el TSJ, con cobertura de vacantes, refuerzos judiciales y mejoras tecnológicas.
Implicación práctica: obliga a recalibrar las expectativas de duración de los procedimientos laborales en Madrid al informar a clientes y a ponderar con mayor peso los mecanismos adecuados de solución de controversias y los acuerdos transaccionales.
Análisis transversal del día
Bloqueo normativo y vigencia del marco arrendaticio
La combinación del aval del Tribunal Constitucional a la Ley 12/2023 y del bloqueo parlamentario del nuevo decreto de vivienda consolida un escenario estable en lo legislativo pero inestable en lo político. El marco aplicable hoy es exclusivamente la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley 12/2023: el Real Decreto-ley 8/2026 decayó y no produce efectos.
Endurecimiento del rigor procesal en materia de plazos
La doctrina del Tribunal Supremo sobre la falta de efecto interruptivo de la demanda presentada ante órgano territorialmente incompetente, unida al plazo quinquenal para la responsabilidad de patronos de fundaciones, apunta a una línea de mayor exigencia en la acreditación del acto interruptivo y a una revisión del mapa de prescripciones.
Saturación de la jurisdicción social como factor de riesgo
Los señalamientos hasta 2030 denunciados por el ICAM alteran la ecuación económica de la litigación laboral. El coste financiero de la espera y la incertidumbre de la ejecución refuerzan el atractivo de los acuerdos y de los medios adecuados de solución de controversias.
Cumplimiento tecnológico con calendario diferido, no suspendido
El Ómnibus digital sobre IA y el aplazamiento de la facturación electrónica obligatoria comparten un mismo patrón: la Administración retrasa la exigibilidad, pero no reduce el alcance. El margen adicional debe emplearse en ordenar la documentación y los sistemas, no en posponer la adaptación.
Calendario de plazos relevantes
| Obligación o hito | Fecha de exigibilidad |
|---|---|
| Obligaciones de transparencia del Reglamento (UE) 2024/1689 de IA | En vigor desde el 02/08/2026 |
| Sistemas de IA de alto riesgo — Anexo III (Reglamento (UE) 2026/1744) | 02/12/2027 |
| Sistemas de IA de alto riesgo — Anexo I (Reglamento (UE) 2026/1744) | 02/08/2028 |
| Facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales | 01/10/2027 |
| Contratos de arrendamiento de vivienda con vencimiento en 2026 | Aproximadamente 630.000 contratos |
Implicaciones para el despacho
- Comunicar a los clientes del área inmobiliaria que el Real Decreto-ley 8/2026 decayó: ni la prórroga extraordinaria ni el tope del 2 % son aplicables. Revisar las cláusulas de actualización de renta (IPC frente a IRAV) según la fecha de firma.
- Auditar el mapa de plazos de prescripción de los asuntos civiles y mercantiles en curso, reforzando la interrupción extrajudicial mediante burofax cuando exista cualquier duda sobre la competencia territorial.
- Revisar las pólizas de responsabilidad civil de administradores, directivos y patronos de fundaciones a la luz del plazo quinquenal fijado por el Tribunal Supremo.
- Incorporar a la planificación del IRPF de 2026 la deducción para residentes en La Palma y verificar la elegibilidad de clientes con actividad en Ceuta respecto del Real Decreto-ley 22/2026.
- Actualizar las estimaciones de duración de los procedimientos laborales en Madrid y priorizar la vía transaccional o los medios adecuados de solución de controversias en las reclamaciones de menor cuantía.
- Iniciar el inventario y la clasificación de riesgo de los sistemas de inteligencia artificial de los clientes, aprovechando el calendario diferido del Ómnibus digital.
Metodología
Selección elaborada a partir de fuentes con fecha de publicación verificable: BOE, Agencia Tributaria, El Derecho, Iustel — Diario del Derecho, Noticias Jurídicas, Legal Today, Forbes España, Moncloa y Adara Legal.