Mensaje clave. El Real Decreto-ley 23/2026 entra en vigor el 10 de septiembre de 2026. Prorroga al ejercicio 2026 la deducción en el IRPF por residencia en la isla de La Palma con efectos desde el 1 de enero, exime del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria a las comunidades autónomas menos endeudadas y habilita el destino de los superávits de 2025 a inversiones financieramente sostenibles, con mención expresa de la vivienda social y asequible.

Contexto

La norma responde a la persistencia de los efectos económicos y sociales de la erupción volcánica de Cumbre Vieja, ocurrida entre septiembre y diciembre de 2021, y a la finalización de la vigencia extendida de las medidas adoptadas para afrontarlos. Se dicta a propuesta del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2026.

El real decreto-ley se ampara en el artículo 149.1, reglas 11.ª, 13.ª, 14.ª y 17.ª, de la Constitución Española y justifica el presupuesto habilitante del artículo 86 apoyándose de forma expresa en la doctrina constitucional de las sentencias 139/2016, de 21 de julio, y 73/2017, de 8 de junio, sobre el límite material relativo al deber de contribuir.

Se encadena así con una serie de normas de urgencia previas sobre la misma materia, singularmente el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, y el Real Decreto-ley 13/2025, de 25 de noviembre.

Contenido de la norma

Artículo 1. Deducción en el IRPF por residencia en La Palma

Con efectos desde el 1 de enero de 2026 se da nueva redacción a la disposición adicional quincuagésima séptima de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de modo que la deducción del artículo 68.4.1.º, prevista para Ceuta y Melilla, resulte aplicable en los mismos términos y condiciones a los contribuyentes con residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma durante los períodos impositivos 2022 a 2026. A efectos de retenciones e ingresos a cuenta, la medida opera sobre los rendimientos satisfechos a partir de la entrada en vigor de la norma, con regularización del tipo en los primeros rendimientos del trabajo abonados desde esa fecha o, a opción del pagador, desde el mes siguiente.

Artículo 2. Excesos de financiación y superávits autonómicos

Las comunidades autónomas con deuda pública inferior al 12,4 % del producto interior bruto regional a cierre de 2025, según datos del Banco de España, quedan eximidas de reducir el endeudamiento neto por los excesos de financiación o superávits pendientes de compensar, siempre que los destinen a inversiones a ejecutar en 2026, 2027 y 2028, y sin necesidad de calificarlas como financieramente sostenibles. La Comunidad Autónoma de Canarias queda habilitada, de forma excepcional, para destinar 100 millones de euros a ayudas a personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica. Estos importes no computan a efectos de la regla de gasto.

Artículo 3. Inversiones financieramente sostenibles

Las comunidades autónomas con superávit en términos de contabilidad nacional en 2025 podrán destinarlo en 2026 y 2027 a inversiones financieramente sostenibles, siempre que no incurran en déficit y que el período medio de pago a proveedores se haya mantenido dentro de los límites legales de morosidad durante los seis meses anteriores. Tiene en todo caso esa consideración la inversión en vivienda social y asequible o sujeta a cualquier régimen de protección pública permanente. Los expedientes quedan sujetos a fiscalización previa, exigen memoria económica específica e informe del órgano interventor, y deben iniciarse antes del 31 de diciembre de 2027.

Artículos 4 y 5. Suspensión de pagos y prestación por cese de actividad

Se abre un nuevo plazo, hasta el 15 de octubre de 2026, para que los deudores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte inscritos en el Registro de personas afectadas, cuyos ingresos principales provengan de la agricultura, soliciten una nueva suspensión de seis meses de sus obligaciones de pago de intereses y principal, referida al período comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027. En materia de prestación extraordinaria por cese de actividad, se excluyen del cómputo de rendimientos las subvenciones del programa POSEI y se habilita el acceso a los autónomos que iniciaron su actividad en 2020, tomando como referencia el trimestre equivalente de ese ejercicio.

Disposiciones adicionales

La disposición adicional primera concede un crédito extraordinario de 16.840.943,24 euros en la sección 29 del presupuesto para ejecutar el Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco de 9 de julio de 2026, y prevé transferencias de crédito para 2027 por importe de 32.381.095,67 euros. La disposición adicional segunda somete las ayudas a actividades económicas a la normativa de la Unión Europea sobre ayudas de Estado.

Impacto sobre los clientes del despacho

• Clientes personas físicas con residencia habitual y efectiva en La Palma: procede recalcular el tipo de retención sobre rendimientos del trabajo y el tipo del pago fraccionado de actividades económicas cuyo plazo de presentación no se hubiera iniciado a 10 de septiembre de 2026.
• Empresas pagadoras con plantilla en la isla: deben decidir si regularizan el tipo de retención en los primeros rendimientos abonados tras la entrada en vigor o si se acogen a la opción del mes siguiente, y documentar la decisión.
• Explotaciones agrícolas y autónomos afectados: se abre una ventana de solicitud hasta el 15 de octubre de 2026 para la suspensión de pagos de préstamos, y se amplía el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad a quienes iniciaron actividad en 2020.
• Promotores, constructoras y gestoras de vivienda protegida: la calificación legal de la vivienda social y asequible como inversión financieramente sostenible puede activar licitaciones autonómicas financiadas con superávit de 2025, con expedientes que deben iniciarse antes del 31 de diciembre de 2027.
• Clientes con actividad en el País Vasco: el crédito extraordinario vinculado al Acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico de 9 de julio de 2026 refuerza la financiación de la dependencia y puede traducirse en nuevas convocatorias autonómicas.

Riesgos

• Riesgo de no convalidación. El real decreto-ley debe someterse a convalidación por el Congreso de los Diputados en el plazo de treinta días desde su publicación. Existe precedente reciente de rechazo de una norma de urgencia en el actual ciclo parlamentario, por lo que conviene no consolidar posiciones irreversibles antes de la votación.
• Riesgo de calificación de la inversión. La consideración de una inversión como financieramente sostenible requiere memoria económica, informe favorable del órgano interventor y fiscalización previa. Un informe desfavorable impide la ejecución, con el consiguiente riesgo de paralización de expedientes ya en curso.
• Riesgo temporal. El plazo del 15 de octubre de 2026 para solicitar la suspensión de pagos es breve y preclusivo, y solo alcanza a quienes ya hubieran solicitado la suspensión o su prórroga al amparo del Real Decreto-ley 20/2021.
• Riesgo de ayudas de Estado. Todas las ayudas a actividades económicas quedan sujetas a la normativa europea de ayudas de Estado, lo que exige verificar los umbrales de minimis y los regímenes exentos aplicables antes de asesorar sobre su solicitud.

Próximos pasos

• Cruzar la base de clientes para identificar a los residentes en La Palma y a las empresas con centros de trabajo en la isla, y emitir una nota interna de recálculo de retenciones antes del cierre del tercer trimestre.
• Preparar un modelo de solicitud de suspensión de pagos de préstamos para los clientes agricultores afectados, con vencimiento interno anterior al 10 de octubre de 2026.
• Realizar un seguimiento del Diario de Sesiones del Congreso para conocer la fecha de convalidación y comunicar el resultado a los clientes afectados.
• Contactar con los clientes del sector inmobiliario y de la construcción para anticipar el posible flujo de licitación autonómica en vivienda protegida.
• Coordinar con el área laboral la revisión de los expedientes de trabajadores autónomos que pudieran acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad conforme al nuevo régimen.

Fuente

Texto consolidado en el BOE: BOE-A-2026-18828. Identificador europeo de legislación (ELI): ELI del Real Decreto-ley 23/2026.