España estrena un mecanismo de priorización administrativa de la inversión productiva. El Real Decreto 731/2026 crea el Comité de Inversiones Estratégicas y fija un procedimiento en dos fases —declaración previa en un mes y acuerdo definitivo en tres— para declarar Proyecto Estratégico de Inversión aquellas iniciativas empresariales o de colaboración público-privada que mejoren las capacidades tecnológicas, científicas o productivas del país. Las operaciones societarias puras quedan expresamente fuera.
Real Decreto 731/2026, de 16 de septiembre (BOE núm. 230, de 17 de septiembre de 2026).
1. Contexto y habilitación legal
El real decreto desarrolla el artículo 29 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que creó el Comité de Inversiones Estratégicas. La norma fue aprobada por el Consejo de Ministros del 15 de septiembre de 2026, a propuesta conjunta de los Ministerios de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Industria y Turismo, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa y Transformación Digital y Función Pública, y de acuerdo con el Consejo de Estado.
El preámbulo sitúa la medida en un doble marco. En el plano interno, la inversión representa el 20 % del Producto Interior Bruto y la alta demanda de puntos de acceso y conexión a la red de transporte eléctrico —impulsada por los centros de proceso de datos y los proyectos de hidrógeno renovable— exige una gobernanza reforzada que permita priorizar los proyectos con mayor retorno social, económico y medioambiental, evitando la especulación en el acceso a recursos públicos escasos.
En el plano europeo, la norma se alinea con el Reglamento (UE) 2024/1252 sobre materias primas fundamentales, el Reglamento (UE) 2024/1735 sobre tecnologías de cero emisiones netas, el Pacto por una Industria Limpia y la propuesta de Ley de Aceleración Industrial. España adopta así una práctica ya consolidada en Francia y el Reino Unido, y en numerosas comunidades autónomas que cuentan con unidades de aceleración de inversiones.
2. Ámbito objetivo: qué puede declararse y qué no
El artículo 2 define como Proyecto Estratégico de Inversión toda iniciativa de naturaleza empresarial o de colaboración público-privada de inversión o reinversión en España dirigida a mejorar las capacidades tecnológicas, científicas o productivas, en la que concurran razones de interés público, social, ambiental o económico para el conjunto del país. Los proyectos de despliegue de redes de infraestructuras tienen esa consideración en la medida en que sean necesarios para ejecutar el proyecto declarado estratégico, debiendo integrarse en la misma solicitud.
La exclusión es igualmente expresa y de gran relevancia práctica: quedan fuera del ámbito de la norma la adquisición de acciones o participaciones sociales, la ampliación y la reducción de capital social y las modificaciones estructurales de sociedades mercantiles. El régimen no es, por tanto, un cauce para operaciones de M&A, sino para inversión en capacidad productiva.
Los promotores —personas físicas o jurídicas, públicas o privadas— deben estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no tener deudas pendientes con otras administraciones y no hallarse en situación de insolvencia, concurso de acreedores o morosidad.
3. Criterios de valoración
Los criterios prioritarios de la declaración previa son el volumen de inversión, relevante en términos nacionales o en relación con la economía del territorio de implantación, y la creación de empleo altamente cualificado, incluyendo la preservación, transformación o recualificación del empleo industrial existente cuando la inversión contribuya a mantener capacidades productivas estratégicas. Los proyectos que desarrollen tecnología crítica para la seguridad económica europea, con carácter singular e impacto en I+D+i, pueden quedar eximidos de los umbrales cuantitativos.
Se valoran adicionalmente el haber sido declarado proyecto de interés o estratégico en el marco del derecho de la Unión, el sello de la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa (STEP) y el alineamiento con los objetivos industriales y de transición ecológica y energética europeos. En la segunda fase se evalúan los efectos socioeconómicos, el impacto en la seguridad económica y la autonomía estratégica abierta, el impacto ambiental y las medidas de apoyo y compromisos a asumir por el promotor.
4. Procedimiento, órgano y plazos
| Hito | Órgano | Plazo | Efecto del vencimiento |
|---|---|---|---|
| Declaración previa | Comité de Inversiones Estratégicas | 1 mes desde la solicitud | Orientación temprana al promotor sobre la viabilidad del expediente |
| Declaración definitiva | Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Comité | 3 meses desde la solicitud | Silencio administrativo desestimatorio (art. 29.4 RDL 7/2026) |
| Revocación por incumplimiento | Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos | 3 meses desde la incoación | Caducidad del procedimiento |
| Constitución del Comité | Administración General del Estado | 1 mes desde la entrada en vigor | — |
| Apertura del registro de solicitudes | Orden conjunta de Economía y Presidencia | 1 mes desde la entrada en vigor | Fija la fecha desde la que pueden presentarse solicitudes |
El Comité se configura como órgano colegiado interministerial adscrito a la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno, copresidido por el titular de dicha Oficina y por el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Su creación no supone aumento del gasto público y la asistencia a las reuniones no genera derecho a retribuciones ni dietas. Contra las resoluciones de la Comisión Delegada cabe recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo directo.
5. Efectos de la declaración
Los promotores comunican al Comité las medidas de apoyo que el proyecto necesita, debidamente justificadas. El Comité evalúa su proporcionalidad, eficacia y viabilidad, y las medidas aprobadas se incorporan a la declaración definitiva. Pueden incluir los efectos previstos en el artículo 29 del Real Decreto-ley 7/2026 y cualquier otro que permita el marco regulatorio vigente, con prioridad expresa en la tramitación de incentivos regionales.
Dos límites merecen subrayarse. Primero, las medidas de apoyo respetan el reparto competencial entre administraciones, de modo que la declaración estatal no vincula sin más a comunidades autónomas y entidades locales. Segundo, y de forma expresa, la declaración no exime del cumplimiento de las autorizaciones exigibles conforme a la normativa aplicable: acelera y prioriza, pero no sustituye a la autorización ambiental, urbanística o sectorial.
La información de los proyectos declarados estratégicos se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» mediante orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, teniendo en cuenta la posible confidencialidad y sensibilidad de la información aportada.
6. Impacto sobre los clientes del despacho
- Clientes industriales, energéticos y tecnológicos. Proyectos de descarbonización, almacenamiento, hidrógeno renovable, semiconductores, biotecnología, agroalimentación, aeroespacial o centros de proceso de datos son el destinatario natural de la figura. La prioridad en el acceso a nudos de conexión eléctrica es, en la práctica, el efecto con mayor valor económico.
- Clientes de capital riesgo y private equity. La exclusión de la compraventa de participaciones y de las modificaciones estructurales impide utilizar la declaración como instrumento de una operación corporativa. Sí cabe estructurar la inversión posterior en capacidad productiva de la sociedad participada como proyecto susceptible de declaración.
- Clientes inmobiliarios y de infraestructuras. El despliegue de infraestructuras solo accede a la figura como elemento integrado en un proyecto principal, lo que obliga a diseñar la solicitud de forma unitaria desde el inicio.
- Sociedades con incidencias tributarias o concursales. El requisito de estar al corriente de pagos y de no hallarse en insolvencia, concurso o morosidad exige una revisión previa del estado del promotor y, en su caso, la regularización antes de solicitar la declaración.
7. Riesgos y puntos de atención
- Silencio desestimatorio a los tres meses. A diferencia de otros regímenes de fomento, el vencimiento del plazo no favorece al solicitante. Conviene calendarizar el expediente y anticipar los requerimientos de información de la Secretaría Técnica del Comité.
- Compromisos y revocación. La declaración definitiva incorpora obligaciones y compromisos cuyo incumplimiento permite revocarla junto con las medidas asociadas. Su redacción debe negociarse con la misma exigencia que una cláusula contractual, previendo supuestos de fuerza mayor y de modificación sobrevenida del proyecto.
- Baremo aún no publicado. El baremo y la metodología de valoración deben ser aprobados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y publicados con posterioridad. Hasta entonces, los umbrales cuantitativos de inversión y empleo no son conocidos.
- Confidencialidad. La publicidad en el BOE de los proyectos declarados obliga a identificar desde la solicitud la información sensible y a motivar su carácter reservado.
- Concurrencia con el control de inversiones extranjeras. La declaración de proyecto estratégico no desplaza el régimen de autorización previa de inversiones exteriores ni el control de concentraciones: son procedimientos independientes que deben coordinarse en el calendario de la operación.
8. Próximos pasos recomendados
- Inventariar los proyectos de inversión o reinversión de clientes que superen umbrales significativos de inversión o de creación de empleo cualificado.
- Verificar el cumplimiento del requisito de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social y la ausencia de situaciones de insolvencia o morosidad en la sociedad promotora.
- Seguir la publicación de la orden conjunta de Economía y Presidencia que habilitará el registro electrónico y fijará la fecha de inicio de presentación de solicitudes, prevista en el plazo de un mes desde la entrada en vigor.
- Preparar la memoria del proyecto con métricas verificables de inversión, empleo, impacto en I+D+i, seguridad económica y efectos ambientales, así como la documentación de solvencia económica y financiera.
- Definir con el cliente, antes de solicitar, qué medidas de apoyo se van a pedir y qué compromisos está dispuesto a asumir, dado que ambos elementos se integran en la declaración definitiva y condicionan su eventual revocación.
Texto íntegro: BOE-A-2026-19327