Informe destacado · A Plus Abogados y Economistas, S.L.P. · 14 de septiembre de 2026
Mensaje clave. El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo fija que la licitud de una contrata no depende de que la empresa contratista sea real ni de que cumpla formalmente sus obligaciones salariales y disciplinarias, sino de que ponga efectivamente su organización al servicio de la contrata y dirija de forma material el trabajo. Cuando la organización existe pero no se pone en juego, la relación se degrada a simple suministro de mano de obra y concurre cesión ilegal del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.
- Resolución: STS 682/2026, de 21 de julio de 2026
- Órgano: Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
- Procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina 1899/2025
- Ponente: Rafael Antonio López Parada
- Precepto aplicado: Artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores
- Fallo: Estima el recurso, casa la sentencia del TSJ de Canarias y restablece la de instancia
Contexto
La externalización de servicios auxiliares por parte de las administraciones públicas ha crecido de forma sostenida en los ámbitos educativo, asistencial y sanitario. El esquema habitual consiste en licitar un servicio, adjudicarlo a una empresa especializada y situar a su personal en las dependencias de la propia Administración, que aporta las instalaciones y, con frecuencia, los medios materiales.
Ese esquema convive con el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe la cesión de trabajadores fuera de las empresas de trabajo temporal autorizadas y ofrece al trabajador cedido el derecho a adquirir la condición de fijo, a su elección, en la empresa cedente o en la cesionaria. En el sector público, esa opción se traduce en la condición de indefinido no fijo.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo había convalidado en los últimos años varias contratas de monitores de educación especial en centros de la Junta de Andalucía, en las sentencias 30/2022, de 12 de enero; 33/2022, de 13 de enero; 59/2022, de 25 de enero; y 51/2025, de 28 de enero. La sentencia que ahora se analiza no rectifica esa línea, pero delimita con precisión qué elementos permitieron en aquellos casos descartar la cesión ilegal y por qué no concurren en el supuesto examinado.
Los hechos y el recorrido procesal
Aeromédica Canaria, S.L.U. era adjudicataria desde el 1 de abril de 2016 de un contrato con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias para la atención del alumnado con discapacidad intelectual, motora, visual o auditiva, o con trastornos graves de conducta, escolarizado en centros públicos.
La trabajadora demandante, auxiliar con antigüedad reconocida desde el 9 de septiembre de 2019 y contrato fijo discontinuo a tiempo parcial de veinticinco horas semanales, prestaba servicios en un instituto de educación secundaria de Las Palmas de Gran Canaria. Fichaba mediante una aplicación móvil, percibía su nómina de la contratista y se comunicaba con una coordinadora que visitaba el centro aproximadamente una vez al mes.
Según los hechos probados, era la tutora del centro quien decidía qué talleres debían realizarse y dirigía la actividad diaria; el horario de la trabajadora coincidía con el del alumnado y los medios materiales procedían de la Administración educativa. El Juzgado de lo Social número 11 de Las Palmas de Gran Canaria apreció cesión ilegal en sentencia de 29 de septiembre de 2023, reconociendo la opción por la condición de indefinida no fija discontinua de la Consejería y 1.929,21 euros por diferencias salariales con el recargo del 10 % anual por mora.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias revocó ese pronunciamiento mediante sentencia 233/2025, de 13 de febrero, al entender que la contratista era una empresa real, con infraestructura y organización propias, y que la relación entre auxiliar y tutora constituía una mera colaboración funcional.
La doctrina que fija el Pleno de la Sala Cuarta
La sentencia 682/2026, de 21 de julio, dictada por el Pleno de la Sala de lo Social en el recurso de casación para la unificación de doctrina 1899/2025, con ponencia del magistrado Rafael Antonio López Parada, estima el recurso de la trabajadora, casa y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y restablece íntegramente el fallo de instancia.
El Tribunal parte de la doctrina consolidada desde la STS 195/2023, de 15 de marzo, reiterada en las SSTS 164/2024, de 26 de enero, y 856/2025, de 1 de octubre, conforme a la cual para descartar la cesión ilegal deben concurrir tres requisitos: que la contratista mantenga el control, la organización y la dirección de la actividad laboral; que sea una verdadera empresa con infraestructura suficiente; y que asuma un riesgo empresarial real.
La clave, en palabras de la propia Sala, no radica en que la empresa cedente sea real o ficticia o carezca de organización, sino en que esa organización no se haya puesto en juego, limitándose su actividad al suministro de mano de obra. Sobre esa premisa, el Tribunal desmonta uno a uno los indicios invocados por la contratista.
Respecto de las visitas de la coordinadora, la sentencia señala que no se trata esencialmente del número de visitas, sino de las funciones realizadas durante ellas; y los hechos probados acreditan que la coordinadora se reunía con la dirección o la secretaría del instituto, no con la auxiliar ni con la tutora que conocía de primera mano su trabajo.
El control horario mediante aplicación móvil tampoco resulta determinante, porque el fichaje sirve también para facturar correctamente el servicio a la Administración y no equivale de forma automática a dirección funcional. En cuanto al poder disciplinario, el Tribunal se apoya en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de octubre de 2024 (asunto C-441/23, Omnitel, apartado 59), conforme a la cual la aprobación formal de vacaciones o la fijación de horarios por la empresa de trabajo temporal no desvirtúa, por sí sola, el control ejercido por la empresa usuaria.
La resolución contiene además una advertencia de técnica casacional: la comparación exigida por el artículo 219.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social debe partir de los hechos de la sentencia de contraste efectivamente invocada por la parte recurrente, y no de los términos que el tribunal de suplicación elija para justificar su propio cambio de criterio.
Impacto sobre los clientes del despacho
- Empresas adjudicatarias de servicios públicos. Las compañías que prestan servicios auxiliares, asistenciales o educativos en dependencias de la Administración deben revisar si su estructura de coordinación tiene contenido material o es meramente representativa. Disponer de coordinadores, gestionar nóminas y controlar horarios no inmuniza frente a la cesión ilegal.
- Administraciones y entidades del sector público. El reconocimiento de la cesión ilegal abre la puerta a la condición de indefinido no fijo del personal afectado, con el consiguiente impacto presupuestario y de relaciones de puestos de trabajo, así como a la responsabilidad solidaria por diferencias salariales.
- Grupos empresariales privados con contratas intragrupo o externalizadas. La doctrina es plenamente trasladable a la externalización privada, especialmente en servicios de atención al cliente, logística, mantenimiento y tecnologías de la información prestados de forma permanente en instalaciones del cliente.
- Operaciones de M&A y due diligence laboral. La contingencia por cesión ilegal debe cuantificarse en los procesos de adquisición de compañías de servicios, tanto por el riesgo de reclamaciones individuales como por el eventual efecto sobre la continuidad de los contratos públicos adjudicados.
Riesgos identificados
- Reclamaciones individuales y colectivas de trabajadores con antigüedad prolongada en un mismo centro sin contacto con la organización de la contratista, con solicitud de fijeza y de diferencias retributivas conforme al convenio de la empresa usuaria.
- Responsabilidad solidaria de cedente y cesionaria por las obligaciones contraídas con los trabajadores durante el periodo de cesión, incluidas las de Seguridad Social.
- Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con posibilidad de sanción por infracción muy grave, e impacto reputacional en futuras licitaciones.
- Riesgo contractual en las contratas vigentes, por eventual resolución o revisión de los pliegos cuando la ejecución real no se corresponda con el objeto licitado.
Próximos pasos recomendados
- Elaborar un inventario de contratas activas identificando, para cada una, quién imparte instrucciones diarias, quién aporta los medios materiales y con qué frecuencia y contenido interviene la coordinación de la contratista.
- Reforzar la evidencia de dirección efectiva: planes de trabajo propios, dosieres de funciones, formación continua acreditada, supervisión documentada con la persona trabajadora y aportación de medios materiales identificables.
- Revisar los pliegos y los contratos marco para que el objeto licitado describa un resultado o servicio diferenciado y no una simple puesta a disposición de personal.
- Cuantificar la contingencia en los procesos de due diligence laboral y prever mecanismos de indemnidad específicos en las operaciones que afecten a compañías de servicios.
- Formar a los mandos intermedios de la empresa usuaria para evitar que asuman de hecho la dirección del personal externo, que es el factor determinante en el razonamiento del Tribunal Supremo.
Fuente
Confilegal, 11 de septiembre de 2026: «El Supremo pone coto a las contratas fantasma en la educación pública: quien da las órdenes, esa es la empleadora». Ver noticia