España vuelve a quedarse sin regulación de los «lobbies» tras el rechazo del Congreso.
Mensaje clave. El Congreso ha derogado el Real Decreto-ley 21/2026, que desde finales de agosto regulaba por primera vez la actividad de los grupos de interés en España. Decaen de forma inmediata las obligaciones de inscripción, huella normativa y registro de contactos. La materia vuelve al proyecto de ley que sigue en tramitación, sin plazo cierto.
1. Contexto
La regulación de los grupos de interés es una asignatura pendiente del ordenamiento español desde hace más de una década. En enero de 2025 el Gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley que quedó encallado por falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios y que todavía sigue en tramitación.
Ante ese bloqueo, y con el objetivo declarado de cumplir los hitos exigidos para acceder a 1.500 millones de euros de fondos europeos, el Ejecutivo optó a finales de agosto de 2026 por la vía del Real Decreto-ley 21/2026, que entró en vigor de inmediato y creó por primera vez en España un marco obligatorio de transparencia para la actividad de influencia sobre los poderes públicos.
El Pleno del Congreso celebrado el 16 de septiembre de 2026 rechazó su convalidación. Los 179 votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN superaron los 155 favorables de PSOE, Sumar, ERC y Bildu, con 12 abstenciones de PNV y Podemos. La mayoría necesaria era de 176 votos.
2. El debate parlamentario y los motivos del rechazo
El grueso de la oposición no se dirigió tanto a la forma —el recurso al decreto-ley en lugar del procedimiento legislativo ordinario— como al fondo: la inclusión de los sindicatos y de las organizaciones empresariales dentro de la definición de grupo de interés. El ministro de Transición Digital, Óscar López, intentó desactivar la objeción anunciando que, de haberse convalidado la norma, el Gobierno habría presentado antes de noviembre una enmienda para excluir expresamente a los actores del diálogo social.
El Partido Popular se declaró partidario de regular la materia, pero no mediante un decreto que, a su juicio, desdibuja el papel constitucional de sindicatos y patronal. Junts denunció que la norma equiparaba a pequeñas y medianas empresas y asociaciones con grandes compañías y consultoras. El PNV reclamó un decreto de mínimos basado en estándares europeos y pactado con los grupos. Desde el bloque favorable, Bildu calificó de incongruente equiparar a sindicatos y patronal, y el BNG sostuvo que el texto suponía una legalización del «lobismo» que no atacaba las puertas giratorias.
El episodio dejó además constancia de la tensión interna del bloque de investidura: Sumar tenía previsto votar en contra y rectificó a última hora, después de que su portavoz adjunta hubiera emitido ya su voto telemático en sentido negativo.
3. Efectos jurídicos de la derogación
Conforme al artículo 86.2 de la Constitución, el decreto-ley no convalidado queda derogado. La norma estuvo, por tanto, en vigor desde su publicación a finales de agosto hasta la votación del Pleno, un periodo breve pero real durante el cual produjo efectos. De ello se derivan tres consecuencias prácticas.
- Inscripción en el registro de grupos de interés: decae la obligación. Las solicitudes en curso pierden su fundamento normativo y deben suspenderse.
- Huella normativa y registro de contactos: desaparece el deber de documentar las reuniones con responsables públicos, sin perjuicio de los códigos éticos internos que cada organización mantenga por decisión propia.
- Actos realizados durante la vigencia: conservan validez los actos dictados al amparo de la norma mientras estuvo vigente. Conviene archivar la documentación acreditativa de ese periodo.
- Régimen sancionador: no cabe iniciar nuevos expedientes. Los eventualmente incoados quedan sin cobertura normativa sobrevenida.
4. Impacto sobre los clientes del despacho
- Despachos profesionales y consultoras: eran destinatarios directos de la obligación de inscripción por su actividad de representación de intereses ante las administraciones. La derogación elimina esa carga administrativa, pero deja abierta la cuestión de cómo gestionar los datos ya comunicados al registro.
- Asociaciones sectoriales y patronales: recuperan el régimen anterior, sin obligaciones específicas de transparencia más allá de las derivadas de su normativa propia y de los compromisos voluntarios asumidos.
- Empresas con actividad regulada: la incertidumbre se prolonga. El proyecto de ley sigue en tramitación y puede recuperar buena parte del contenido del decreto derogado, previsiblemente con exclusión de los actores del diálogo social.
- Entidades beneficiarias de fondos europeos: el incumplimiento del hito comprometido con Bruselas —vinculado a 1.500 millones de euros— introduce un riesgo indirecto sobre el calendario de desembolsos, que conviene vigilar en los proyectos financiados con fondos del Plan de Recuperación.
5. Riesgos y recomendaciones
- Riesgo de vaivén normativo: es la tercera vez que fracasa la regulación de los grupos de interés. Debe evitarse rediseñar procesos internos sobre la base de una norma cuya vigencia no está consolidada.
- Riesgo reputacional inverso: las organizaciones que ya se habían inscrito o que habían publicado su huella normativa pueden verse en situación asimétrica frente a competidores que no lo hicieron. Mantener voluntariamente esos registros puede ser una ventaja de cumplimiento.
- Riesgo de continuidad documental: conviene conservar, con fecha cierta, la evidencia de las actuaciones realizadas mientras el Real Decreto-ley 21/2026 estuvo en vigor, por si el futuro texto legal reconoce efectos a las inscripciones previas.
- Recomendación de seguimiento: monitorizar la tramitación del proyecto de ley de grupos de interés y, en particular, si el Gobierno incorpora la enmienda de exclusión de sindicatos y patronal que anunció durante el debate.
6. Próximos pasos
- Inmediato: comunicar a los clientes afectados la pérdida de vigencia de las obligaciones de inscripción y huella normativa.
- Próximas dos semanas: archivar la documentación del periodo de vigencia y revisar los protocolos internos de relación institucional.
- Hasta noviembre de 2026: seguir la tramitación del proyecto de ley y valorar la presentación de observaciones sectoriales.
- Continuo: vigilar el impacto sobre el calendario de fondos europeos en los proyectos de clientes financiados con el Plan de Recuperación.
Fuente: Confilegal.
A Plus Abogados y Economistas, S.L.P. — 18 de septiembre de 2026.