Descargue nuestros informes jurídicos y económicos y consulte nuestros artículos de actualidad. Para los documentos en PDF, indique su correo y recibirá al instante el enlace de descarga.
Informes
Decretos-ley de vivienda 26 y 27/2026: convalidación en el Congreso, prórrogas de cinco años y dos escenarios
Los Reales Decretos-leyes 26/2026 y 27/2026 reforman el arrendamiento de vivienda con prórrogas de cinco años (siete para personas jurídicas), indemnizaciones por no renovación y un paquete fiscal, pero su vigencia depende de la votación de convalidación del 02/10/2026, con Junts, PP y Vox anunciando el voto en contra. El informe recoge el contenido, el impacto para clientes, los riesgos y los próximos pasos en ambos escenarios.
Real Decreto-ley 26/2026 de vivienda: escudo social hasta 2030, prórroga de alquileres y límites al alquiler de temporada
El RDL 26/2026, publicado en el BOE el 30/09/2026, amplía hasta 2030 la protección frente a desahucios, prohíbe hasta 2028 las compras especulativas de grandes tenedores, limita el alquiler de temporada y de habitaciones y reforma la fiscalidad de la vivienda. Su vigencia depende de la convalidación del Congreso el 02/10/2026. El informe recoge contexto, impacto para clientes, riesgos y próximos pasos.
Decreto-ley de vivienda: prórroga de alquileres, desahucios y alquiler de temporada
El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy un decreto-ley de vivienda que prohibiría hasta 2028 los desahucios de hogares vulnerables, endurecería el alquiler de temporada y modificaría las bonificaciones fiscales. Es un borrador: puede cambiar y requerirá convalidación en el Congreso. El informe recoge contexto, impacto para clientes, riesgos y próximos pasos.
El decreto de vivienda ante el Consejo de Ministros: prórroga de alquileres y nuevas causas de desahucio
El Consejo de Ministros prevé aprobar el 29 de septiembre de 2026 el real decreto-ley de vivienda que prorroga los contratos de arrendamiento, endurece las causas de desahucio frente a grandes tenedores y fondos de inversión, y bonifica fiscalmente a los propietarios que reduzcan rentas. Su convalidación parlamentaria posterior no está garantizada, condicionada a los votos de Junts y Podemos. El informe analiza el contenido negociado, sus riesgos y las medidas recomendadas para propietarios, grandes tenedores y SOCIMI con cartera residencial.
El TSJ de Castilla y León condena a una filial de Galletas Gullón por excluir de la antigüedad el periodo trabajado en ETT
El TSJ de Castilla y León confirma que el periodo prestado a través de una empresa de trabajo temporal computa a efectos de antigüedad y de los complementos salariales vinculados, en aplicación del artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva 2008/104/CE. El caso, relativo a un trabajador de una sociedad del grupo Galletas Gullón cedido por Manpower Team, reconoce la antigüedad desde el inicio de la cesión y condena al abono de las diferencias salariales con sus intereses. El informe analiza el impacto en las cláusulas convencionales de antigüedad, los riesgos de reclamaciones retroactivas y los pasos recomendados.
El anteproyecto de ley de blanqueo de capitales crea la ANIFI y transpone el nuevo paquete antiblanqueo de la UE
El Gobierno somete a audiencia pública, hasta el 30 de septiembre de 2026, el anteproyecto de ley integral de prevención del blanqueo de capitales que sustituye la Ley 10/2010 y crea la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI) sobre la base del FROB. Los despachos, como sujetos obligados, deben valorar la presentación de alegaciones antes de que finalice el plazo.
El cómputo de la antigüedad del personal cedido por ETT
La sentencia 1659/2026, de 4 de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declara discriminatoria la cláusula de convenio colectivo que condiciona el complemento de antigüedad a la fecha de contratación directa por la empresa usuaria: el tiempo prestado como trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal computa a efectos retributivos desde el primer día. El informe analiza el fundamento normativo del fallo (artículo 14 de la Constitución, artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, artículo 11 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal y Directiva 2008/104/CE), la imposibilidad de que un convenio colectivo blinde la diferencia de trato, la irrelevancia de la etiqueta «ad personam», el rechazo de la justificación empresarial, el efecto multiplicador sobre trienios, premios de permanencia y demás condiciones calculadas por tiempo de servicio, su tratamiento en la due diligence laboral de operaciones corporativas, cinco riesgos identificados y seis pasos recomendados.
El TJUE y la tributación de los fondos de inversión no residentes
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de septiembre de 2026 concluye que gravar al 15 % en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes los dividendos percibidos por instituciones de inversión colectiva no residentes, frente al 1 % aplicable a las residentes, restringe la libre circulación de capitales, salvo que el convenio para evitar la doble imposición compense íntegramente —y no de forma meramente teórica— el exceso soportado. El informe analiza el origen del litigio, la doctrina del Tribunal sobre la neutralización por convenio, el traslado del crédito fiscal a los partícipes, el impacto sobre instituciones no residentes, gestoras, depositarios e inversores españoles en vehículos extranjeros, las cautelas sobre la resolución final pendiente del Tribunal Supremo y los cinco pasos recomendados para preparar las solicitudes de rectificación y devolución de ingresos indebidos antes de la prescripción.
El Real Decreto 723/2026 y el nuevo deber de información sobre las condiciones de trabajo
El Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre (BOE de 15 de septiembre), entra en vigor el 5 de octubre de 2026, deroga por completo el Real Decreto 1659/1998 y transpone la Directiva (UE) 2019/1152 con más de cuatro años de retraso. A partir de esa fecha toda empresa debe entregar por escrito, antes del inicio de la relación laboral, un documento informativo mucho más extenso que el actual. El informe detalla el elenco informativo del artículo 3, las reglas específicas de jornada irregular y contratos fijos discontinuos, la novedad de mayor calado —el deber de informar de los sistemas algorítmicos o automatizados que determinen jornada, tareas, salarios, promoción, lugar de trabajo o extinción—, la forma y los plazos de entrega, las obligaciones adicionales en trabajo en el extranjero, el régimen transitorio para la plantilla ya contratada con respuesta en treinta días hábiles, el papel del SEPE, el impacto por perfil de cliente, cinco riesgos identificados y el calendario de actuación hasta octubre de 2026.
La derogación del Real Decreto-ley 21/2026 de grupos de interés
El Pleno del Congreso rechazó el 16 de septiembre la convalidación del Real Decreto-ley 21/2026, que desde finales de agosto regulaba por primera vez la actividad de los grupos de interés en España: 179 votos en contra frente a 155 a favor y 12 abstenciones. Decaen de forma inmediata las obligaciones de inscripción registral, huella normativa y registro de contactos, y no cabe incoar nuevos expedientes sancionadores, si bien conservan validez los actos dictados mientras la norma estuvo vigente. El informe analiza los motivos del rechazo —la inclusión de sindicatos y patronal en la definición de grupo de interés—, los efectos jurídicos de la derogación conforme al artículo 86.2 de la Constitución, el impacto sobre despachos, consultoras, asociaciones sectoriales y entidades beneficiarias de fondos europeos, y las recomendaciones de continuidad documental.
El Comité de Inversiones Estratégicas y los Proyectos Estratégicos de Inversión (Real Decreto 731/2026)
El Real Decreto 731/2026, de 16 de septiembre (BOE núm. 230), desarrolla el artículo 29 del Real Decreto-ley 7/2026 y estrena en España un mecanismo de priorización administrativa de la inversión productiva. Regula la estructura y el funcionamiento del Comité de Inversiones Estratégicas y un procedimiento en dos fases —declaración previa en un mes y acuerdo definitivo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en tres, con silencio desestimatorio— para declarar Proyecto Estratégico de Inversión las iniciativas empresariales o de colaboración público-privada que mejoren las capacidades tecnológicas, científicas o productivas del país. Quedan expresamente excluidas la adquisición de acciones o participaciones, la ampliación y reducción de capital y las modificaciones estructurales. En vigor desde el 18 de septiembre de 2026.
El burofax rechazado acredita el intento de MASC: auto 126/2026 de la Audiencia Provincial de Navarra
El rechazo de un burofax en el que se ofrece negociar acredita el intento de acudir a un medio adecuado de solución de controversias. La Audiencia Provincial de Navarra revoca la inadmisión de un desahucio por precario y admite la demanda a trámite, sin imposición de costas. Alcance del artículo 264.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cautelas probatorias y protocolo interno de expediente.
El marco jurídico del arrendamiento de vivienda tras el aval del Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional desestima el recurso del Gobierno Vasco contra la Ley 12/2023 y consolida el bloque normativo estatal de vivienda. En paralelo, el nuevo decreto de arrendamientos sigue sin apoyos y el Real Decreto-ley 8/2026 decayó tras 37 días: hoy no existe prórroga extraordinaria ni tope del 2 % a la actualización de rentas. Régimen aplicable, riesgos y plan de revisión de carteras.
Cesión ilegal y externalización de servicios: la STS 682/2026 del Pleno de la Sala de lo Social
El Pleno de la Sala Cuarta (STS 682/2026, de 21 de julio) fija que la licitud de una contrata no depende de que la contratista sea una empresa real ni de que cumpla formalmente sus obligaciones salariales y disciplinarias, sino de que ponga efectivamente su organización al servicio del contrato y dirija de forma material el trabajo. Plan de revisión de contratas, pliegos y due diligence laboral.
Utilidades obtenidas por el socio a través de participaciones indirectas
El TEAC (RG 1348/2023, de 13 de julio de 2026) confirma que la participación indirecta no impide calificar como rendimientos del capital mobiliario las ventajas que el socio persona física obtiene de sociedades del grupo, y delimita la frontera con el régimen de operaciones vinculadas. Plan de revisión para holdings y sociedades patrimoniales.
Real Decreto-ley 22/2026: paquete urgente de apoyo a la ciudad de Ceuta
Ayudas directas de 5.000 a 150.000 euros exentas de IRPF y de Sociedades, ERTE por fuerza mayor con exención del 100 % de la aportación empresarial, bonificación del 60 % en Sociedades y del 75 % en la cuota de autónomos. En vigor desde el 03/09/2026, con solicitud hasta el 30/11/2026.
El IVA en la era digital: la transposición de la Directiva ViDA
Primer hito el 1 de enero de 2027. La factura electrónica estructurada, el registro único de IVA y la figura del proveedor asimilado llegan el 1 de julio de 2028 y de 2030. Impacto directo en plataformas, alquiler turístico y transporte de pasajeros.
El nuevo Registro estatal de grupos de interés (Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto)
En vigor desde el 27/08/2026, convierte en obligación jurídica exigible, con registro previo y sanciones de hasta 40.000 euros, lo que hasta ahora era autorregulación. Debe convalidarse en el Congreso antes de final de septiembre.
Actualidad
El Supremo cierra la puerta al «plan B» de Hacienda en las inspecciones
La Sala Tercera del Tribunal Supremo (STS 857/2026, de 7 de julio) declara que la Administración no puede blindar una liquidación con un fundamento principal y otro subsidiario incompatibles «por si acaso» uno de ellos es anulado judicialmente: si cae el fundamento principal, la regularización no puede sobrevivir apoyándose en el de reserva.
Vende su piso y compra la nueva casa en gananciales: por qué puede perder la mitad de la exención
La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central RG 5896/2025, de 13 de julio de 2026, dictada en unificación de criterio, resuelve un supuesto más frecuente de lo que parece: uno de los cónyuges vende una vivienda privativa y el matrimonio adquiere la nueva vivienda habitual con carácter ganancial, aunque el precio lo pague íntegramente el vendedor. El TEAC concluye que la reinversión computable a efectos de la exención del artículo 38.1 de la Ley del IRPF debe corresponderse con el porcentaje de titularidad adquirido —el 50 %, salvo acreditación de una participación distinta conforme al artículo 11.3—, de modo que el exceso pagado por encima de esa cuota no se considera reinvertido. El artículo explica el encaje con el artículo 41 del Reglamento, el plazo de dos años, las consecuencias prácticas del criterio y cómo documentar el origen privativo de los fondos y la atribución de cuotas antes de firmar ante notario.
Plusvalía municipal: dos frentes abiertos para discutir lo que pagó de más
Dos novedades reabren la discusión sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La consulta vinculante V0792-26, de 9 de abril de 2026, de la Dirección General de Tributos, impide que el valor de referencia del Catastro opere automáticamente como valor de transmisión: para apartarse del valor declarado, el ayuntamiento debe tramitar una comprobación de valores y motivarla. En paralelo, la doctrina del Tribunal Supremo sobre responsabilidad patrimonial del Estado legislador abre la vía a quienes pagaron conforme al método objetivo anulado por la STC 182/2021 y vieron desestimado su recurso, con el matiz del cómputo del plazo desde la notificación de la resolución judicial firme. El artículo repasa el recorrido del impuesto desde la STC 59/2017, el Real Decreto-ley 26/2021 y el artículo 107.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y concreta qué revisar y en qué plazos.
El libro de socios sale de la caja fuerte: las participaciones de las S.L. camino del Registro Mercantil
El proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 11 de septiembre, pretende que las transmisiones y gravámenes de participaciones sociales se inscriban en el Registro Mercantil con carácter constitutivo, con un régimen transitorio de un año y cierre registral en caso de incumplimiento. Qué conviene ordenar ya en el libro registro de socios.
Artículos y publicaciones antiguos
Nuestros artículos jurídicos y económicos de libre acceso.
Solicitar descarga
Indique sus datos y le enviaremos por email el enlace de descarga del documento solicitado. Consulte nuestra política de privacidad.